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ONG Centro de Innovación para el Desarrollo Local

Parafraseando al autor de la columna de opinión que destacamos, debido a la atención lograda por el Fallo del Tribunal Constitucional de Chile sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento del SERNAC, nadie reparó en que ese mismo día el mismo organismo le dió el pase de constitucionalidad al “Proyecto de Ley Relativo al Fortalecimiento de la Regionalización del País (boletín N° 7963-06)”,  que puesto en la perspectiva justa establece un paso de trascendente importancia en la conversión de las Regiones y sus Gobiernos en reales actores del proceso de construcción y gestión de políticas públicas com impacto regional. Un profundo avance en materias de descentralización.

Tal como el columnista destaca (puede ver columna aquí) lo más conocido o difundido, hasta ahora, es la elección directa de los Gobernadores, que reemplazarán a los Intendentes, en el año 2020. Sin duda ello es importante, pero lo que realmente conviene destacar – y a esto nos sumamos – es que esta nueva Ley permite tres grandes anhelos de las comunidades regionales:

  1. La necesidad de contar con un Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) que será una tarea del gobierno regional confeccionar y actualizar y que será un insumo relevante para el uso del territorio en las diversas actividades humanas (residenciales, productivos, agrícolas, forestales, etc.) en forma sustentable poniendo en valor ambiental y de seguridad humana el uso de cuencas y otros accidentes geográficos. Con ello se espera que las nuevas autoridades regionales den señales claras y estables respecto del desarrollo y la “prosperidad”. (En otra oportunidad nos extenderemos sobre este nuevo concepto que está cambiando los focos de la economía).
  2. En segundo lugar se transfieren, en forma efectiva y no desconcentrada como hasta ahora, facultades o competencias de gestión de políticas públicas de extraordinaria relevancia para las regiones. Servicios como el de Vivienda y Urbanismo ya no deberán depender de la sede central en Santiago para la gestión de subsidios. Lo mismo pasará con el Fomento Productivo y otras servicios públicos que impactan en la dinamización de las economías regionales.
  3. La facultad de declarar Áreas Metropolitanas en aquellas regiones donde 2 o más comunas compartan un continuo de infraestructuras, viales, de servicios básicos y otros, que tengan un mínimo de 250 mil habitantes. La creación de estas áreas metropolitanas cambia toda la estructura de organización y gestión de servicios básicos, como el de la recolección de la basura, o la actualización de los Planes Reguladores transfiriendo al Gobierno Regional una serie de obligaciones que están perfectamente delineadas en la Nueva Ley. Una cuestión no menor que conviene destacar es que el crecimiento de estas áreas ya no podría ser realizado mediante el expediente de la ampliación del límite urbano sino que mediante la planificación por condicionamiento. (Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionados)

Recomendamos la lectura de la columna y , por cierto, hacerle seguimiento a la implementación de este nuevo escenario de Gestión Pública que tanto ha demandado el desarrollo sustentable con enfoque local. Tarea para las comunidades y los actores sociales e institucionales que quieran tener alguna opinión fundada sobre estos procesos.

 

Luis Marín Salazar

Sociólogo – U. de Chile

Presidente

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