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ONG Centro de Innovación para el Desarrollo Local

Ya resulta un lugar común hablar de cambio climático. Por ello es tan interesante comentar y contribuir a difundir un estudio realizado por destacados investigadores urbanos, dirigidos por el Geógrafo Hugo Romero, y que han profundizado en los efectos de las denominadas “islas de calor”. Para ver más antecedentes revisar la noticia completa aquí.

La acción humana tiene consecuencias, impactos, en el Medio Ambiente. No hay debate al respecto ya. Ello ha obligado a que los Estados incorporen en sus legislaciones, sistemas administrativos, políticos y técnicos, destinados a “evaluar”, es decir, dimensionar los impactos de cualquier inversión. En Chile se le conoce actualmente como Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales (SEIA), que depende administrativamente del Servicio de Evaluación Ambiental (visitar sitio del SEA) y cuya misión es “procesar la información que entreguen los diversos implicados u afectados por un proyecto de inversión”, tanto en informes técnicos como en procesos de participación ciudadana, con el fin de establecer las mitigaciones y compensaciones que sean necesarias dados los impactos reconocidos técnicamente por el titular del proyecto. No es un sistema para rechazar proyectos, como la gente común erradamente piensa o cree, si no que es un sistema para viabilizarlos con el menor costo ambiental “posible”.

Por razones de carácter técnico, así como de carácter legal, se ha establecido una tipología de Proyectos que “necesariamente” deben ser evaluados ambientalmente. La ley 19.300, de Bases del Medio Ambiente, establece en su artículo Nº 10, la tipología de proyectos que se consideran obligados a someterse al escrutinio político, técnico y social del proceso de evaluación ambiental, a saber:

“Artículo 10.- Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes:

a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o alteración, significativos, de cuerpos o cursos naturales de aguas;

b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones;

c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW;

d) Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas;

e) Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas;

f) Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos;

g) Proyectos de desarrollo urbano o turístico, en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados según lo dispuesto en el Párrafo 1 Bis;

h) Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas; (subrayado por nosotros)

i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda;

j) Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos;

k) Instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres, de dimensiones industriales;

l) Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales;

m) Proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales;

n) Proyectos de explotación intensiva, cultivo, y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos;

ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas;

o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos;

p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita;

q) Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas, y

r) Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación, en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de producción y en áreas no confinadas. El reglamento podrá definir una lista de especies de organismos genéticamente modificados que, como consecuencia de su comprobado bajo riesgo ambiental, estarán excluidos de esta exigencia. El mismo reglamento establecerá el procedimiento para declarar áreas como libres de organismos genéticamente modificados.”

Hemos optado, por razones pedagógicas, citar el artículo completo a fin de tener una visión completa de los proyectos que deben o debieran ser evaluados ambientalmente.

A la luz de esta tipología, legalmente vigente en Chile, nos deberíamos preguntar ¿en virtud de qué artificio se construyen sin Evaluación Ambiental los Proyectos Inmobiliarios de altura, que hoy caracterizan a la ciudad de Santiago y varias otras de Chile, declaradas saturadas o latentes, que tienen un importante papel en el fenómeno tratado en el articulo destacado, bastando hoy sólo trámites administrativos (permisos de edificación ante las Direcciones de Obras Municipales) las que no están obligadas a informar al SEIA?.  

Lo dejamos como una interrogante.

 

Luis Marín Salazar

Sociólogo – U. de Chile

Presidente

 

 

NOTA: Si desea conocer en extenso el Marco Legal que regula la protección del Medio Ambiente en Chile, pinche aquí

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